Un juez federal admitió dar trámite al primer amparo en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados.
Se trata del recurso 202/2023 promovido el 9 de febrero por la Asociación de Municipios de México en contra de modificaciones hechas a la Ley General de Comunicación Social, las cuales impiden que los ayuntamientos destinen más del 0.1 por ciento de su presupuesto a propaganda gubernamental.
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En particular, esta reforma generó descontento en varios ayuntamientos del país como Ciudad Lerdo, Durango, e Irapuato, Guanajuato, quienes alegaron que el gobierno federal les limitó la facultad para promocionar sus acciones en los medios de comunicación, por lo que se unieron a la Asociación de Municipios de México para presentar un amparo en contra de la modificación.
“El decreto nos limita para hacer propaganda a través de los medios de comunicación, prácticamente nos quitaron poder pagar la publicidad como tal”, denunció la semana pasada el alcalde de Lerdo, Homero Martínez.
La reforma a la llamada Ley Chayote forma parte del paquete de modificaciones electorales propuestas por la administración del presidente López Obrador y que entraron en vigor el 27 de diciembre luego de ser aprobadas en San Lázaro.
Derivado de ello, la organización civil presentó un amparo el cual fue aceptado a trámite por Germán Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.
Sin embargo, éste negó la suspensión provisional requerida por la Asociación de Municipios de México para interrumpir la aplicación de la reforma en tanto se resuelve el asunto definitivamente.
En su lugar, el juzgador determinó que será el próximo 20 de febrero cuando emita su resolución sobre si otorga o no la suspensión definitiva, mientras que será un mes después, el 27 de marzo, cuando determine si concede el amparo o lo niega.
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Otras organizaciones de la sociedad civil como Artículo-19 lamentaron que las modificaciones hechas por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados no regulan adecuadamente la publicidad oficial, ya que”prescinden de principios como el de pluralidad mediática, equidad, no discriminación y rendición de cuentas” para la asignación de recursos.
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