Los jueces y magistrados, al igual que los policías y procuradores tienen que pasar por controles de confianza. “Blindar al Poder Judicial de funcionarios que no merecen la confianza del Estado ni de la población”, señala el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, al presentar una iniciativa de reformas en ese sentido.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que modifica los artículos 8 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los exámenes de control de confianza para el ingreso, permanencia y promoción a la carrera judicial se integrarán por las siguientes pruebas patrimonial y de entorno social; médico; sicométrico y sicológico; poligráfico y toxicológico.
En la exposición de motivos del documento, el senador de Morena destaca que la falta de controles de confianza efectivos sobre servidores públicos que se encargan de la prevención del delito y de la procuración e impartición de justicia, ha contribuido de manera importante a condenar al fracaso los esfuerzos para construir un país más seguro y en paz. “No podemos cerrar los ojos ante esta realidad”, dijo.
Monreal Ávila recordó palabras del ministro José Ramón Cossío Díaz, con motivo de la Ley de Control de Confianza de Jalisco, en marzo de 2014: “Los ministros no se oponen a los controles de confianza a miembros del Poder Judicial, pero de acuerdo con la legislación y el diseño constitucional vigente, éstos deben regularse en las leyes orgánicas del propio Poder Judicial”.
De igual manera, el ministro Luis María Aguilar Morales señaló que “en todo caso, los miembros del Poder Judicial deben ser evaluados y sometidos a controles de confianza por los propios órganos de supervisión del Poder Judicial”.
Por otra parte, diversas organizaciones han manifestado su respaldo al establecimiento de pruebas de control de confianza en el Poder Judicial, tal es el caso de la organización Causa en Común, cuya presidenta, María Elena Morera, expresó en su momento: Yo no entiendo por qué los jueces no se tengan que someter a evaluaciones, son servidores públicos igual que los policías y ministerios públicos y deben ser sometidos a supervisión, así como en las instituciones de seguridad que tengan una supervisión externa ciudadana.
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