CHOLOMA, Honduras. Antes de deportarlo con grilletes la semana pasada, los agentes de inmigración de Estados Unidos entregaron al hondureño solicitante de asilo Melvin García sus pocas pertenencias y una pequeña billetera azul que pertenecía a Daylin, la hija de 12 años que le habían quitado.

Inseguro sobre cuándo volvería a verla, luego de que se le prohibiera la entrada a Estados Unidos por su orden de deportación, García, de 37 años, es uno de un número no determinado de padres enviados a casa sin sus hijos bajo la iniciativa del gobierno de Donald Trump.

Frustrado porque inmigrantes y solicitantes de asilo de Centroamérica solían ser liberados en su país para esperar audiencias

judiciales, Trump implementó en abril una política de "cero tolerancia" para someter a juicio a todos los adultos que crucen ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo los que viajen con niños.

Esto incrementó dramáticamente la cifra de familias separadas en la frontera. Horas después de volver solo a Honduras el 21 de junio, García se desplomó en una choza de concreto en una sección de la ciudad de Choloma controlada por Barrio 18, una de las dos pandillas cuyas amenazas de muerte, dijo, hicieron que huyera en marzo con Daylin.

Torturado con pensamientos de que tal vez no podría volver a ver a Daylin en años, García se aferró a la billetera de la niña. Cada vez que recordaba su búsqueda desesperada mientras estaba detenido en Estados Unidos, rompía a llorar.

Aunque un juez federal dictaminó que el gobierno debe reunir a las familias que fueron separadas tras ingresar al país, la situación es complicada pues "no hay una estructura establecida, no hay una estructura legal para reunir realmente a los padres que ya han sido deportados", señala la organización legal de derechos humanos Human Rights First.

Antes de buscar asilo en EU, García había trabajado como conductor de un autobús en uno de los países más violentos de América. Dijo que a un colega tras otro le han disparado mortalmente en las rutas de autobuses por no pagar el "impuesto de guerra" que cobra Barrio 18 y su rival Mara Salvatrucha, o pandilla MS-13.

Huyó con Daylin después de que alguien le puso un arma en la cabeza. Cuando solicitó asilo en el puerto de entrada a McAllen, Texas, el 24 de marzo, García dijo que le mostró a las autoridades estadounidenses la prueba del parentesco con Daylin y los recortes de noticias de los conductores asesinados para respaldar su solicitud de asilo.

Sin embargo, los funcionarios de inmigración se llevaron a Daylin después de un día juntos en la "nevera", celdas de retención descritas por docenas de inmigrante como permanentemente iluminadas y sin camas, acondicionadas con aire gélido.

Cuando Daylin no regresó, rogó por que le dieran noticias mientras lo trasladaban de un centro de detención a otro durante los siguientes dos meses. Las autoridades sólo le dijeron que la habían llevado a otra parte.

Un día después de que García regresara a su atribulada patria, un hombre llegó en otro vuelo de deportación en San Pedro Sula, Honduras, y cayó al suelo en una estación de autobuses, llorando.

José Guardado, un agricultor de 42 años, dijo que no podía soportar regresar sin su hijo de 14 años, Nixon, quien permanece en algún lugar de detención en Estados Unidos.

"Si tan sólo hubiera cruzado a las cuatro de la tarde, no a las seis", dijo Guardado, recordando su duro calvario de inmigración mientras esperaba abordar un autobús a su aldea El Edén.