WASHINGTON. Un informe de una comisión de la Organización de Estados Americanos concluyó que existe una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua", lo que acerca al país centroamericano a su expulsión.
"La Comisión entiende que los mecanismos de control y subordinación que el gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho", concluyó la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua.
La comisión reconoce que sus gestiones con el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, han sido "infructuosas" y, por ello, pide la convocatoria "inmediata" de una Asamblea General de la OEA, el foro supremo del organismo que reúne a los cancilleres del continente.
En esa reunión de carácter extraordinario, los titulares de Exteriores pueden optar por proponer la suspensión de Nicaragua, la mayor sanción de la OEA que, en 70 años, sólo ha usado en dos ocasiones: con Honduras, en 2009, después del golpe de Estado; y con Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.
En tanto, seguidores de Ortega mantienen tomada la Catedral de Managua, donde irrumpieron la víspera para desalojar a opositores en huelga de hambre y agredir a los sacerdotes, mientras la policía rodea el templo para impedir el acceso.
La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno de Nicaragua a cesar "la persistente represión" de opositores, luego del asedio oficialista a varios templos.
Nueve personas iniciaron una huelga de hambre el lunes en la Catedral de Managua, cuatro días después de que otro grupo de 11 mujeres hiciera lo mismo en una iglesia de Masaya, en una campaña por la liberación de un centenar de opositores detenidos en las protestas contra Ortega que estallaron el año pasado.
La renuncia forzada del expresidente boliviano Evo Morales despertó temores en el gobernanate Frente Sandinista, que desató una agresiva campaña con amenazas de cárcel y balazos contra opositores.
