Rubén Cárdenas Ramírez tiene previsto recibir una inyección letal a las 18:00 en Texas, a más de 20 años después de ser condenado a muerte, en julio de 1997, por la violación y asesinato de su prima de 16 años.
Su abogado Greg Kuykendall dijo a la AFP que introducirán varios recursos legales con el objetivo de obtener un indulto de último minuto sin embargo, la justicia de Estados Unidos le ha negado estas apelaciones.
México, que abolió oficialmente la pena de muerte en 2005, alegó que Cárdenas, de 47 años, fue privado de sus derechos a un abogado y a la asistencia consular prevista en la Convención de Viena.
"Para el gobierno de México no se trata de culpabilidad o inocencia, sino de respeto a los derechos humanos y al debido proceso", escribió en una columna el cónsul mexicano en Austin, Carlos González Gutiérrez.
La defensa insiste en que hay irregularidades del interrogatorio y la declaración de culpa, e inconsistencias del testimonio con las pruebas.
Y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también pidió a Estados Unidos de detener la ejecución.
"Si se lleva a cabo la ejecución del señor Cárdenas, el gobierno de Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos", indicaron dos expertas del organismo, Agnès Callamard y Elina Steinerte, citadas en un comunicado.
Sin abogado 11 días
ACNUDH destacó que Cárdenas "no tuvo acceso a un abogado en los primeros 11 días de su detención" y que "algunas de las declaraciones que hizo en ese período fueron usadas por los fiscales durante el juicio".
El caso se celebra en un momento de tensiones entre México y Estados Unidos, con el presidente Donald Trump proponiendo construir un muro para impedir el paso de indocumentados y un fuerte discurso anti-mexicano: les ha llamado violadores, narcotraficantes y ladrones.
En la actualidad hay 75 ciudadanos mexicanos en procesos penales que podrían acabar con la pena de muerte. Otros 54 ya fueron condenados.
En 2000, el gobierno estableció un programa de asistencia legal para los presos que enfrentan la condena capital en Estados Unidos, llamado MCLAP.
México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en 2003 sobre 51 de estos condenados, incluido Cárdenas.
La instancia determinó que "Estados Unidos había violado el derecho a la notificación y acceso consular establecido en la Convención de Viena, y ordenó que "las cortes estatales de ese país tendrían que revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte".
De esos 51, 13 ya no enfrentan una sentencia capital, uno falleció de cáncer y cuatro fueron ejecutados.
La prueba ADN, vital
La cancillería insiste en que la principal falla fue precisamente no haber avisado al consulado.
"De haber recibido asistencia consular, el Sr. Cárdenas Ramírez hubiera conservado sus derechos bajo la cláusula Miranda y hubiera accedido a un abogado durante su interrogatorio. Esto hubiera evitado que realizara una confesión incriminatoria", subrayó.
"Si bien el Consulado intervino una vez que tuvo conocimiento del caso, a través de los medios de comunicación, el daño era irreparable".
Cárdenas insiste en su defensa y sus abogados consideran que una nueva prueba de ADN podría probarlo.
"Existen cuestionamientos en relación a la confiabilidad de las pruebas de ADN realizadas", que determinaron que una muestra de sangre hallada en el automóvil del condenado "era de un tipo de ADN compartido por la víctima", el equiparable a uno de cada dieciocho hispanos, subrayó la cancillería en una nota enviada a la AFP.
Otra ejecución fue programada para este miércoles, la de Patrick Hannon, condenado por doble homicidio en 1991, en Florida.
