Culiacán, Sin.- Ante la notificación sobre la detención de un elemento de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), por presunta posesión de droga, en el estado de Sonora, se inició colaboración inmediata con las autoridades federales responsables del caso y con el Órgano Interno de Control de esta institución.
Ante las circunstancias referidas, este organismo constitucional autónomo comprobó la información y determinó que el detenido es agente del Ministerio Público, asignado a últimas fechas al área de dictaminación de la Dirección de Carpetas de Investigación zona centro.
Una vez que se comprobó que la persona detenida es agente del Ministerio Público, se ofreció a las autoridades que lo han requerido, todo el apoyo y respaldo solicitado para poder integrar la carpeta de investigación respectiva, mientras que de manera paralela el Órgano Interno de Control, con base en las notas periodísticas publicadas, inició la investigación correspondiente.
La Fiscalía de Sinaloa informa que el servidor público de esta institución se encontraba bajo permiso por incapacidad, al haber presentado un examen de gabinete positivo a Covid-19, fechado el 12 de septiembre de 2020, y acatando los protocolos de salubridad se ausentó para cumplir con el aislamiento recomendado.
El agente del Ministerio Público tiene 20 años de servicio en la FGE, tras recibir su nombramiento por el entonces Procurador General de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, para después ser comisionado a la Unidad Especializada Antisecuestros en 2003, responsabilidad otorgada por el Procurador en turno, Óscar Fidel González Mendívil.
Después de 17 años de servicio como parte de la Unidad Especializada Antisecuestros, y al atender la política y criterio de rotación de los Agentes del Ministerio Público, en enero de 2020 fue removido al área de dictaminación de la Dirección de Carpetas de Investigación zona centro, donde se encontraba actualmente adscrito.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reitera que los servidores públicos que laboran en la institución, están para cumplir con sus funciones, obligaciones y facultades que les marca la Ley, así como generar certeza al ejercicio de los derechos de los gobernados.
Esta institución ratifica, como ha sido la política implementada desde el inicio de esta Fiscalía como organismo constitucional autónomo, que todo aquel servidor público que no se conduzca en su actuar apegado a la Ley, dentro o fuera de sus funciones propias conferidas por su nombramiento, será juzgado por las instancias competentes y en términos del ordenamiento jurídico correspondiente.
Cabe destacar que, durante los 3 años y medio de la presente administración, los resultados obtenidos por el personal de esta institución, han sido reconocidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y organismos nacionales e internacionales, como el World Justice Project, Causa en Común, México Evalúa, entre otros, ubicando a Sinaloa entre los mejores indicadores de procuración de justicia del país.
Tales resultados solo se han obtenido gracias al trabajo de profesionales que honran a la FGE con su vocación de servicio y probidad, así como a otras dependencias del área de seguridad, siendo uno de los estados con una tasa menor de incidencia delictiva en México en las últimas fechas.
Si no fuera por el trabajo conjunto y en equipo de los ministerios públicos, agentes de investigación, peritos, facilitadores y personal administrativo, esta institución no estuviera en los primeros lugares a nivel nacional en los indicadores marcados por las evaluadoras en materia de seguridad y procuración de justicia.
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De igual manera, Sinaloa mantiene una tendencia de incidencia a la baja en delitos como homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo en general, feminicidios, entre otros, gracias al trabajo de profesionales con vocación de servicio en instituciones como la Marina, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y otras instituciones policiales.
La Fiscalía de Sinaloa coadyuva como todas las instituciones y fortalece el profesionalismo, la capacitación constante y el compromiso con la sociedad a la que como funcionarios públicos servimos.
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