TIJUANA, BC.- Autoridades de ambos lados de la frontera analizan cómo procederán en relación al reemplazo del cerco primario que divide a México con Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana; esto luego de que saliera a la luz la construcción de viviendas que han violado el tratado internacional de límite territorial e inclusive han utilizado parte de la malla primaria para la división de sus viviendas.
De acuerdo con autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza, a lo largo de Tijuana existen actualmente al menos tres puntos en los que la distancia de las viviendas con el muro primario es mínimo. Playas de Tijuana, la colonia Liberta y la colonia Nido de las Águilas, en la zona este de la ciudad, pero también hay viviendas de migrantes que llegaron a la frontera y construyeron sus casas de cartón usando el mudo como pared.
De acuerdo con la Plocamación 758, emitida en 1907 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Theodoro Roosevelt, se emitió la denominada Reserva Roosevelt, en la que se estableció una franja de tierra de 60 pies, (20 metros aproximadamente) como espacio libre de obstrucción como protección contra el contrabando de vienes entre México y Estados Unidos. Reserva que en distintos puntos de la ciudad no se ha respetado.
Durante años y con la tolerancia de las autoridades municipales, familias del municipio de Tijuana ampliaron sus viviendas hasta pegarlas a la valla que divide a México de Estados Unidos, invadiendo un terreno que no les pertenecía.
Ahora, estos vecinos de la exclusiva área residencial Terrazas de Mendoza están en una cuenta atrás pues en los próximos días deberán demoler esas obras o de lo contrario lo harán las autoridades como parte de los trabajos para sustituir la valla.
El ayuntamiento local tiene la responsabilidad de hacer cumplir un decreto presidencial que establece el derecho de paso en el área adyacente al cerco fronterizo, que en esta zona fue construido con desechos de materiales utilizados por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo a principio de los años noventa.
El gobierno municipal ya notificó a los vecinos hace aproximadamente un mes sobre la obligación de desalojar la zona invadida, afirmó el director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Guillermo Alonso Meneses.
El investigador conoce el tema de cerca y dijo que eventualmente los propietarios podrían incluso intentar ampararse contra el gobierno local.
Sin haberse convertido todavía en un incidente internacional, el tema de la invasión está en los escritorios de Washington y en la capital mexicana.
Ello luego que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos pidiera al Gobierno mexicano resolver el problema y proceder no sólo en este caso, sino en otros dos que se documentaron a lo largo de los 21 kilómetros de frontera donde el cerco actual será sustituido a partir del próximo 18 de junio.
Las familias señaladas, cuyos nombres están bajo reserva, se han negado a demoler sus obras de ampliación y también le negaron el acceso a Efe a la exclusiva sección de este fraccionamiento, de clase media alta y creado a fines de los años setenta.
A diferencia de lo ocurrido en 1993 cuando fue erigida la valla, esta vez no serán militares quienes retiren la estructura actual de tres metros de altura y la sustituyan con una barrera tubular de diez metros de altura y dos más bajo tierra, explicó a Efe el ingeniero Roberto Espinosa Mora, representante local de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Las obras estarán a cargo de civiles, empleados de una constructora de Texas, como parte de un proyecto de 147 millones de dólares aprobados durante la administración del hoy expresidente estadounidense Barack Obama.
Estos trabajos comenzarán prácticamente a la altura de la zona invadida por los particulares, quienes incluso están ocupando territorio de Estados Unidos.
Según explicó Espinosa, el cerco se ubica estrictamente en terreno estadounidense, por lo que la ampliación de las viviendas invade ese espacio entre la valla y los señalamientos fronterizos.
El pasado septiembre, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos pidió a través de la sección estadounidense de CILA hacer lo necesario para que sea despejado el terreno aledaño a la valla.
Según el decreto presidencial que desde 1943 regula el manejo de la zona aledaña al cerco, de cada lado debe quedar libre una franja de aproximadamente 20 metros de ancho, que debe funcionar como área de servicio, y en esta no podrá existir ningún tipo de estructura fija ni permanente.
