Con base a denuncias por presuntos desvíos por 2 mil 700 millones de pesos, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Nayarit turnó al pleno a su discusión la posibilidad de que se le finque responsabilidad al ex gobernador priista de esa entidad, Roberto Sandoval, por el desvío al menos de 2 mil 700 millones de pesos.
Junto con él se analiza la suerte de dos de sus ex colaboradores y cuatro integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit. Los jueces señalados son Raymundo García, Jesús Ramírez, Agustín Flores y Catalina Ruíz.
Manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho, son los delitos con base a los cuáles se le han abierto carpetas de investigación, que ha integrado la fiscalía de esa entidad.
La cantidad económica sobre la que se supone fue desviada alcanza los 2 mil 700 millones de pesos.
Ya no es gobernador y no tiene fuero, además de que esta figura ya no existe en esa entidad. Pero podría ser sancionado con inhabilitación a ocupar un cargo público hasta por diez años o en forma indefinida.
Son cuatro solicitudes de juicios políticos que existen en su contra, entre otros inducir el voto a favor del candidato del PRI a la gubernatura por medio del programa de Seguro Alimentario. Otro es por Enriquecimiento Iilícito.
Uno más por falta de pago de pensiones y jubilaciones a cientos de docentes, en el lapso de cuatro años.
Por separado se integran las carpetas con las cuáles se procedería por la vía penal en su contra.
Roberto Sandoval fue gobernador de 2001 al 18 de septiembre del 2017 y su administración fue sacudida por la caída de su fiscal general, Edgar Veytia Cambero, capturado en 29 de marzo de 2017 al visitar Estados Unidos, por el delito de conspiración para distribuir drogas.
